Hasta hoy no me había puesto a leer detenidamente sobre que trata esta ley. Me llego al mail algo que escribieron en el blog de USERS y acá lo transcribo para quienes no estaban al tanto de esta ley y del debate que se genera alrededor de ella.
"Como se sabe, el proyecto de ley para medios audiovisuales ya ingresó al Senado y está en pleno debate. Se trata de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, que tiene como finalidad transformar la regulación del sistema de comunicación del país, regido hasta ahora por una norma promulgada durante la última dictadura militar.
Las opiniones acerca del proyecto, que por supuesto es revisable y perfectible, son muchas y diversas, y de más está decir que el hecho de que la nueva ley esté en boca de todos es más que auspicioso, aunque parece que el debate hubiese sido desviado hacia cuestiones de si se trata o no de una “Ley K”, o si favorece o perjudica al Grupo Clarín.
Un dato a tener en cuenta –y que resulta omitido en todas las declaraciones que se hacen al respecto– es que el texto de la ley tiene más de tres años. O sea, que viene de la época en la que el Gobierno y Clarín consensuaban las tapas. Y que su concepción es obra de universidades, comunicológos y ONGs.
Aunque suena un tanto pretencioso, considero interesante revisar algunas de las opiniones que aparecen en las pantallas y páginas de algunos medios de comunicación, y que parecerían reproducir la idea de que la nueva legislación responde a un mero enfrentamiento entre el poder político y una parte del sector empresarial:
- “Van a cerrar canales de TV y eso afectará al interior del país”
El proyecto de ley en tratamiento hasta ahora no dice que los canales se cierran, sino que se redistribuyen las licencias; esto es que señales como TN o América, que hoy son parte de un grupo monopólico, podrían pasar a otras manos.
El cable seguirá siendo cable, pero la diferencia es que una sola empresa no podrá tener posición dominante en el mercado, como sucede en la actualidad con Cablevisión y Multicanal (controlantes del 60% de la escena nacional de cable).
Por otro lado, con la llegada de la TV digital, por cada canal de aire se podrán ver cuatro en todo el país. Es cierto, habrá que ver cómo se implementa esto último y se asegura la cobertura nacional. Pero la posibilidad tecnológica estará.
En limpio: el cable no dejará de existir, las canales a lo suma pasarán a tener otros dueños, y además habrá una mayor oferta de señales de aire. Por ende, se supone que habrá más empresarios de medios y más puestos de trabajo.
- “Eliminar a las telefónicas de la ley de medios impide el desarrollo del Triple Play en Argentina”
Las únicas compañías telefónicas que están impedidas son las que participaron de los pliegos de licitación de Entel o sea, Telefónica y Telecom. El resto de las operadoras, como por ejemplo las cooperativas del interior, están incluidas en el proyecto y podrán brindar Triple Play si así lo desean.
En paralelo, los proveedores de cable también del interior podrán acceder a licencias para ofrecer servicios de telefonía.
- “El proyecto de ley es chavista y sólo se va a difundir lo que quiera el gobierno, que tendrá el control de la información”
Lejos de la Ley de Radiodifusión que impulsó en Venezuela el presidente Hugo Chávez, la Ley de Medios Audiovisuales toma aspectos fundamentales de las leyes de EEUU, Canadá, Francia y España y recomendaciones de la Unión Europea y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, el proyecto apunta a romper con la emisión concentrada de opiniones y material audiovisual. La normativa fomenta la producción regional e independiente, fija cuotas de pantalla para los contenidos locales, y entrega la regulación de la actividad a un consejo integrado por universidades, asociaciones sin fines de lucro, y trabajadores del sector, entre otros.
Es esta misma pluralidad la que impide que el flujo ideológico parta de una sola fuente, como aseguran los opositores al marco. Entre ellos, Francisco De Narváez, dueño comprobado del canal América, la señal de cable América Sports, el diario El Cronista Comercial, radio La Red, y una parte suculenta del matutino Ámbito Financiero.
- “El proyecto de ley ataca la libertad de prensa”
La ley vigente (22.285) fue modificada años después por varios decretos de Carlos Menem, avalados por buena parte de la oposición que hoy vota en contra de la propuesta oficialista.
Entre ellos se destaca el 1005, promulgado en 1999, y que auspicia la creación de multimedios. Los cuales, como declararon diversos representantes de la cultura, son el primer atentado contra la hoy tan enarbolada “libertad de expresión”.
El proyecto de ley en tratamiento contempla la entrega de licencias a grupos y sectores que hasta el momento carecían de un espacio en los medios como las universidades, los gremios, minorías étnicas, sexuales y religiosas. La nueva legislación también postula a la comunicación como un bien de los ciudadanos, en lugar de la 22.285 que, bajo la doctrina de la Seguridad Nacional, rotulaba a los medios como instrumentos al servicio del Gobierno.
- “Con la nueva Ley de Medios se frena el avance tecnológico”
La actual ley de radiodifusión no sólo fue invalidada por su origen (la última dictadura militar), sino también por el gran salto de la tecnología.
El marco en tratamiento –en el artículo 38, luego aclarado en una posterior reescritura– establece que cada dos años se revise el desempeño tecnológico de los licenciatarios a fin de que no surjan disparidades entre los medios.
De esta manera, se podrá asegurar que, por ejemplo, la migración de televisión análogica a digital sea cumplida por todos los dueños de licencias. Lo que se revisaría es el espectro para acompañar el crecimiento de oportunidades que de la digitalización.
Asimismo, y dada la evolución de la tecnología, que de seguro permitirá la ampliación de señales y frecuencias, la ley de medios en discusión establece que cada un determinado lapso se revise que los dueños de medios no controlen más de lo que les haya sido otorgado.
Resumiendo: todo esto aparece minimizado en el debate actual, que en la agenda diaria se ve reducido a una pelea de intereses entre el Ejecutivo y un grupo empresarial.
La idea de repasar estos comentarios por supuesto no quiere decir que agoten el debate ni que su análisis sea definitivo. Mi intención era que tal vez podamos ver al proyecto de Ley de Medios desde una perspectiva más amplia, más allá de las peleas entre oficialistas y opositores, o entre el gobierno de turno y un sector empresario, que no representan más pensamiento que el de sus propios intereses y, como dirían mi abuela y doña Rosa, siempre llevan agua para su molino.
¿Ustedes qué opinan?"
